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Marco legal del menor delincuente

Cuando el menor adopta conductas antisociales, agresivas e infractoras como reacción a su capacidad para integrarse, se produce la intervención institucional.

Dependiendo de la forma de intervención, el menor puede recuperarse o profundizar en su inadaptación, puesto que esa acción de las instituciones de control social puede hacer que el menor se reconozca cada vez más inadaptado. De este modo se producirá un agravamiento de su condición de «asocial», su conducta rebasará las competencias y la capacidad de control de profesores y trabajadores sociales y terminará por delinquir.

La última vía a la que debe acudirse para dar solución al problema de la violencia juvenil es a la vía judicial. El «principio de intervención mínima» del Derecho Penal debe llevarse a extremos en los casos en que los inculpados sean menores. Este principio viene a dar al Derecho Penal un carácter subsidiario, en el sentido de que sólo se aplicará cuando para la defensa del bien jurídico de que se trate (la vida, la integridad física, el honor, la propiedad, etc.) se revelen como ineficaces los demás medios de tutela y de sanción con los que cuenta el Estado de Derecho: negociaciones, sanciones administrativas o decisiones de política social, por poner algunos ejemplos. Por tanto, la pena debe entenderse como un mal irreversible, de forma que, como solución imperfecta, sólo debe acudirse a ella como última opción.

Por otro lado, el Derecho Penal sólo debe proteger los bienes jurídicos más fundamentales para el individuo y la sociedad y sólo frente a los ataques más intensos, más intolerables.

Fuente

9 de mayo de 2011